En mi ciudad natal, Cuernavaca, ha habido un cambio notabilísimo en la dinámicas cotidianas desde que la Marina mexicana asesinó Arturo Beltrán Leyva en unos departamentos de superlujo que, dicho sea paso, fueron construidos por los hijos de Marta Sahagún. A partir de ahí, una ola de violencia urbana se desató en Cuernavaca. A dos hombres los colgaron de un puente en el libramiento que lleva a Acapulco y luego jugaron tiro al blanco sobre los cuerpos inertes; al director del penal de Atlacholoaya lo asesinaron, partieron su cuerpo en pedacitos y lanzaron los fragmentos en distintas partes (perdón por la figura retórica tan de mal gusto pero era ineluctable). La cabeza fue encontrada en una bolsa de súper; un comando armado tomó por sorpresa un antro propiedad de un miembro de la familia Ortiz Mena y, sin más, le prendieron fuego con los empleados adentro. Éstos son hechos conocidos sobre todo por su espectacularidad, pero las muertes son el pan cotidiano en la ciudad. Lo increíble de la situación es que el gobierno federal no considerara qué pasaría al dejar acéfalo el control de una plaza tan importante para el narcotráfico: ahora los subalternos se la disputan a punta de balazos, intimidaciones y violencia urbana, en una franca competencia por ver quién es el sicario más despiadado. Un viernes, hace algunos días, todos los restoranes, antros, etc., cerraron a las ocho de la noche y la capital morelense se hizo una ciudad fantasma. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno federal? Militarizar las calles. Ahora hay retenes, tanques de guerra apuntándole a la estatua de Zapata y comandos militares que transitan la ciudad con armas largas a la espera que su docto criterio les diga quién es un narco. Hay un detalle que no es menor: usan máscara.
Qué un ejército esté en las calles sucede cuando un país le apunta a la ingobernabilidad o para acallar las voces críticas que se manifiestan en contra de un régimen autoritario, como en las dictaduras. Y en ambos casos, aun cuando exista gente que justifica la mano dura, siempre habrá abusos, ultrajes. Un soldado está entrenado para matar, no para salvaguardad la seguridad de la sociedad, de los ciudadanos. La última muestra de la postura institucionalizada del gobierno llamada cinismo, fue el dictamen de la PGR sobre los niños que fueron asesinados por militares el 2 de junio en Reynosa. El parte de la Procuraduría fue que los miembros del Ejército balearon a los jóvenes, perdón, "sicarios", porque ellos les dispararon primero. Los niños (de 13, 15 y 17 años) atacaron a los infortunados soldados y éstos, defendiendo a su patria, los masacraron. El mensaje de la PGR es implacable: mitiguemos el hecho porque eran sicarios; hay que matarlos porque, como Beltrán Leyva, son una peste social. El tema es trágicamente significativo: 1) no se mata a un presunto delincuente o criminal; se le atrapa y se le juzga (si se cree en instituciones democráticas, en buen español, matar es condenable por donde se le vea. Claro que en México eso de instituciones democráticas es la ilusión del mago más diestro); 2) como quien hace justicia son los soldados, no hay necesidad de que les disparen para responder baleando civiles: en la disciplina castrense basta no obedecer la orden "Deténganse" para ser pasados por las armas; 3) mataron a niños, por más que se diga que son sicarios son por principio niños y lo seguirán siendo hasta por los menos la mayoría de edad. Por eso hay límites de edades, por eso hay cárceles para niños y cárceles para adultos, y por eso hay que negarse con firmeza para que no se adelante la mayoría de edad.
CAS
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